El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un análisis de los programas sociales que se implementan en el país. Esto, en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos 2021.
El informe, titulado ‘Radiografía al gasto en programas fiscales’, detectó que durante el año 2019 el Ministerio de Desarrollo Social monitoreó 470 programas sociales que gastaron un presupuesto total de $20,7 billones y fueron ejecutados por 45 organismos. A partir de esto, la cartera junto con el PNUD categorizaron los programas sociales en función de la principal problemática que abordan, la dimensión en que esta se enmarca y el grupo de la población al que están dirigidos. Se definen así 46 problemas principales para la política social, los que fueron agrupados en 10 grandes dimensiones.
‘Se observa que Educación es el área que involucra más recursos por lejos, con un 49,2% del presupuesto social total, seguido de Trabajo, Ingresos y Seguridad Social, con un 23,9%, y por los programas relativos a la dimensión Ciudad, Integración territorial, Transporte y Vivienda, con un 10,4%’, señala el informe de LyD. A partir de esta información, se ahondó sobre las problemáticas sociales que más reciben recursos. En primer lugar está ‘Barreras acceso/continuidad en educación escolar’, con 22 programas; ‘Inseguridad social’, con 22 programas, y ‘Barreras acceso/continuidad en educación superior’, con 25 programas. ‘Esta información sugiere con algo más de especificidad cuáles son las problemáticas sociales que concitan un mayor esfuerzo fiscal, así como el número de programas a través de los cuales se abordan, consigna El Mercurio.
En relación con esto último, llama la atención la multiplicidad de iniciativas en cada materia, que sugiere una posible fragmentación de la oferta programática que pudiera incidir sobre la eficiencia con que se aborda cada problema’, sostiene el estudio. María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de LyD, comenta que hoy existe una fuerte demanda por que el Estado entregue más y mejores beneficios a las personas, por lo que antes de tomar cualquier decisión al respecto es imprescindible saber primero qué es lo que ya existe, qué programas y beneficios hay, a cuántas personas llegan, cómo están funcionando, si están cumpliendo sus propósitos, si es que hay espacio para fusionar iniciativa parecidas o si hay espacios para mejorar la eficiencia en la gestión. ‘El esfuerzo que está haciendo el Gobierno y la Subsecretaría de Evaluación Social en ese sentido es muy importante. La información que se está generando debe ser utilizada a la hora de analizar hacia dónde avanzar’, plantean.